Seguridad privada para el sector de Minería e Hidrocarburos. Es el tema de éste artículo de la periodista Claudia L. Mantilla

Plantear sistemas de seguridad para el ejercicio de la actividad económica en el sector minero es de una elevada complejidad, toda vez que exige actuar contra  grupos criminales organizados, ya sean las llamadas Bacrim, resultantes de la desmovilización del paramilitarismo, o los rezagos de las guerrillas desmovilizadas, o las que aún están conformadas; todos grupos criminales que hace unos años encontraron en este sector, irónicamente, una ‘mina’ para sus intereses económicos. “Diez años de política de seguridad democrática dieron lugar al repliegue de las FARC y ELN a lo profundo de la selva o de las montañas, donde justamente coinciden importantes actividades petroleras y mineras” (V informe 2012 del Observatorio Internacional de la Ley de Justicia y Paz).

En tiempos de posconflicto, persisten en el sector minero los secuestros a empleados, los atentados en contra de la infraestructura, en especial la petrolera, y la delincuencia organizada ha encontrado nuevas modalidades para apropiarse de parte de las utilidades de las empresas y de las regalías que el Estado redistribuye a las regiones. “Es así como algunas modalidades de violencia, entre ellas los homicidios selectivos, las amenazas y la intimidación, las desapariciones forzadas, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y el desplazamiento forzado, tienen una correlación con estas economías…”, (Grupos armados ilegales y nuevos escenarios de riesgo en el pos acuerdo, Defensoría del Pueblo, 2017, p. 373).