Por Claudia L. Mantilla

Plantear sistemas de seguridad para el ejercicio de la actividad económica en el sector minero es de una elevada complejidad, toda vez que exige actuar contra  grupos criminales organizados, ya sean las llamadas Bacrim, resultantes de la desmovilización del paramilitarismo, o los rezagos de las guerrillas desmovilizadas, o las que aún están conformadas; todos grupos criminales que hace unos años encontraron en este sector, irónicamente, una ‘mina’ para sus intereses económicos. “Diez años de política de seguridad democrática dieron lugar al repliegue de las FARC y ELN a lo profundo de la selva o de las montañas, donde justamente coinciden importantes actividades petroleras y mineras” (V informe 2012 del Observatorio Internacional de la Ley de Justicia y Paz).

En tiempos de posconflicto, persisten en el sector minero los secuestros a empleados, los atentados en contra de la infraestructura, en especial la petrolera, y la delincuencia organizada ha encontrado nuevas modalidades para apropiarse de parte de las utilidades de las empresas y de las regalías que el Estado redistribuye a las regiones. “Es así como algunas modalidades de violencia, entre ellas los homicidios selectivos, las amenazas y la intimidación, las desapariciones forzadas, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y el desplazamiento forzado, tienen una correlación con estas economías…”, (Grupos armados ilegales y nuevos escenarios de riesgo en el pos acuerdo, Defensoría del Pueblo, 2017, p. 373).

El anterior panorama hace impensable desarrollar una actividad minera, ya sea para la producción de materiales para la construcción, explotación de oro, metales preciosos, carbón, esmeraldas o petróleo,  sin contar con servicios de seguridad y vigilancia privada, máxime siendo una actividad prioritaria para el desarrollo del país. Aunque la minería representa solo el 2,1% del PIB (Producto Interno Bruto),  genera regalías por 2,5 billones de pesos para invertir en las regiones, de allí la importancia y necesidad de brindar especial protección a esos recursos.

Para mitigar riesgos en el sector minero para salvaguardar la seguridad física de las instalaciones y del personal que allí labora, las empresas de seguridad y vigilancia privada deben garantizar avances tecnológicos. Aquí entran en juego estrategias como la utilización de drones para apoyar las rondas de vigilancia, cámaras de inteligencia artificial y sistemas biométricos y térmicos que registren la cantidad de personas que están en un túnel y las temperaturas que allí existen para detectar a tiempo posibles incendios y sismos; además de brindar seguridad perimetral para detectar amenazas de intrusos a través de barreras de sensores infrarrojos. Todo esto acompañado de un estudio previo de detección de amenazas y la garantía de tiempos de respuesta óptimos.